Mendoza ha decidido hacer cumplir el Código de Convivencia y otras normas para frenar los excesos en las protestas.
Néstor Kichner, zorro con diplomaturas, solía advertir, cuando lo querían apurar, que «a la Constitución hay que leerla entera». Es decir: no se puede blandir la Carta Magna solamente para sacar tajada particular o sectorial, sino que hay que tener en cuenta que estamos ante un sistema normativo donde cada derecho está sabiamente balanceado con una obligación.
El extinto esposo de Cristina Kirchner no era un heraldo de la Constitución, pero era abogado y, sobre todo, un pícaro con calle. Sabía cómo sacarse de encima a un pelmazo -o a un grupo de ellos- para lo cual recitaba aquello de «hay que leerla entera», algo que el santacruceño había aprendido de algún constitucionalista excelso que sí creía religiosamente en ese precepto.
Estos párrafos de apertura vienen a raíz de lo que ocurre en Mendoza con los acampes y cortes totales de calles y accesos a la Ciudad que suelen concretar el Polo Obrero y otras organizaciones políticas y sociales para reclamar a la Nación por la caída de planes sociales que no estaban en regla.
Esta semana el Polo Obrero volvió a hacer cortes de calles.
El factor M
Mendoza está llamando la atención en el resto del país porque es uno de los pocos lugares donde sus autoridades están tratando de hacer cumplir las normas y los códigos de convivencia para frenar los excesos en las protestas.
La ayuda el hecho de que es evidente que los planes sociales no son un asunto que tenga que ver con los resortes institucionales del Gobierno de la Provincia. Y que raramente los gerentes del piqueterismo que cortan calles vayan a generar empatía en los ciudadanos mendocinos.
Mal podría pensarse que esos afectados vayan a abrir una corriente de simpatía hacia una causa que insiste en tomar por asalto sectores de la Ciudad, anulando derechos a sus habitantes y trastocando la vida cotidiana al punto de no poder usar micros, ni asistir a turnos médicos, ni llegar a horario a sus trabajos o estudios, y que al mismo tiempo ven resentidas sus actividades comerciales y sociales.
Así es la cosa
Ni la protesta ni la prerrogativa a peticionar están en la picota. Esos son derechos vitales de la democracia republicana, como la libertad de expresión. En cambio, lo que sí se puede criticar y eventualmente penar, son los métodos prepotentes y patoteriles que se utilizan, muchas veces de manera reiterada y a mansalva, para arrogarse poder de presión. La democracia argentina no termina de hallar una justa solución a ciertas costumbres que pisotean los derechos ajenos. Quizás por eso se esté poniendo el foco en el caso de Mendoza, que parece haber encontrado un cauce legal donde las autoridades, con el aval de la Justicia, están aportando un poco de cordura para evitar excesos.
Esta vez se nota convencimiento acerca de que los códigos de convivencia y otras normas similares están para cumplirse. Y, lo más importante, es que parece que ahora no hay miedo a usar las herramientas legales de la democracia republicana para frenar protestas que buscan negar derechos ajenos.
Las multas se aplican en serio cada vez que hay cortes totales. Y la Justicia ha detenido a dirigentes piqueteros por ser transgresores reincidentes. El peronismo, que siempre defiende el rol del Estado, debería tomar nota.
La regla
La Ley de Tránsito de Mendoza lo dice clarito: «La regla es la libertad de circulación».
Por lo tanto, no es cierto que se está cercenando el derecho a marchar y peticionar. Lo que no se puede hacer son cortes totales de arterias e impedir el paso del transporte público. Se puede marchar por las amplias veredas que tiene esta ciudad hasta el punto central donde se quiere explicitar el reclamo (la Casa de Gobierno, la explanada de la Municipalidad, la Legislatura) o dejando siempre en la calle una vía abierta al transporte o los particulares.
Bajo el argumento engañoso de que «no se debe criminalizar la protesta», se había instaurado desde hace años una especie de farsa para no hacer cumplir la ley. Es como si sustentamos el machismo aduciendo que «no podemos criminalizar a un padre golpeador porque debemos mantener la unidad familiar». Embelecos como esos son los que lentamente están siendo desactivados por la propia realidad.
En concreto: cortar rutas es delito, al igual que impedir la libre circulación por las ciudades. En nombre del derecho indiscutible a peticionar no se pueden cercenar los derechos de miles y miles de personas a transitar libremente.
