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El Kremlin estrecha el cerco sobre opositores

Una ola de proyectos de ley liberales atiborra las comisiones de la Duma, con una lluvia tan copiosa -y una materia tratada más que coherente y extensa- que hace pensar en un diseño preciso, por lo tanto, coordinado desde arriba.
Se trata del endurecimiento de las ya draconianas restricciones a la libertad de manifestar, otro ajuste a la ley sobre los «agentes extranjeros», que ahora podrá afectar tanto a los corresponsales de los medios extranjeros como a los activistas de la oposición rusa, así como un buen ataque a las redes sociales occidentales, culpables de «censurar» los medios rusos.
Pronto, el acceso a los sitios de estas redes podría verse limitado o bloqueado en Rusia como represalia por el uso de filtros penalizantes ante los medios sospechosos de difundir información falsa.
En síntesis, un notable fuego de defensa. El primer proyecto propone considerar manifestaciones masivas también a las protestas individuales en las que las personas se ponen en fila para participar en un piquete solitario.
Las autoridades rusas, en efecto, a menudo niegan el permiso a las marchas antigubernamentales.
Para sortear este obstáculo, desde hace años en Rusia se realizan entonces protestas de una sola persona. «¿A quién estamos burlando?», dijo sin medias tintas el autor del proyecto, Dmitry Vyatkin, diputado del partido de Putin «Rusia Unida».
No solamente: la propuesta de ley prevé impedir las manifestaciones en las cercanías de los edificios de la policía y los servicios de seguridad.
Vyatkin además planteó un segundo proyecto para prohibir a los organizadores de las manifestaciones recibir financiación de entes extranjeros, de ciudadanos rusos menores de 16 años o de donantes anónimos o personas jurídicas registradas menos de un año antes de la manifestación.
Y de ahí se va más all. Es decir, a la posibilidad -contenida en otro proyecto- de prohibir a los individuos considerados «agentes extranjeros» que ocupen cargos públicos, sea a nivel local o federal.
Se expandiría así la legislación vigente que ya califica como «agentes extranjeros» -limitando su acción- a ONG, personas físicas y jurídicas rusas, medios extranjeros (que operan en lengua rusa).
La marca infamante hasta ahora se había evitado a los corresponsales extranjeros acreditados: pero ya no. «Si un periodista extranjero acreditado en Rusia desempeña actividades vinculadas a las funciones de agente extranjero incompatible con su actividad profesional», será incluido en la lista negra.
Finalmente, las redes sociales. Poner la mordaza a la propaganda podrá costarles el tráfico, con el desbloqueo -propuesto por la autoridad para las telecomunicaciones Roskomnadzor al fiscal general- solo en caso de garantizada «interrupción» de las limitaciones.
«Probablemente los primeros involucrados serán los seguidores de Alexei Navalny y las articulaciones regionales de su movimiento, así como Open Russia de Mikhail Khodorkovsky», escribe el diario Nezavisimaya Gazeta.
El partido socialdemócrata Yabloko de inmediato conectó esta salva de medidas con las elecciones parlamentarias de septiembre de 2021, que se volvieron aún más importantes a partir de la reforma constitucional aprobada el pasado julio.
Pero hay otra «pista». Leonid Volkov, brazo derecho de Navalny, cree en efecto que la ola represiva debe leerse también a la luz de la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.
Dado que «los demócratas» ganaron, explicó, en el Kremlin se esperan «intromisiones en los asuntos internos de Rusia» (es decir, apuntando a los procesos de cambio geopolítico en el área exsoviética).

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