El jefe de Gobierno porteño avanzará ahora con proyecto para club de excandidato rival, mientras mantiene armonía en Justicia. Agrega iniciativas de simpatía PJ para cerrar negociaciones 2020.
Todavía no está digerido por la totalidad de su tropa, pero como sea, Horacio Rodríguez Larreta ya presentó, como anticipó este diario, un proyecto con beneficios para la Economía Popular y Social que comenzará a tratarse en la Legislatura, aún sin imprimirle velocidad. Es tan solo uno de los gestos del jefe de Gobierno para con sus enemigos políticos, de quienes se quejó ante la Corte Suprema por recortarle fondos de coparticipación. Larreta mantiene ese conflicto, que espera que los jueces resuelvan a su favor, al margen de la política doméstica en territorio porteño. Otra muestra que busca dar de su buena voluntad para la convivencia, es la presentación del Club de San Lorenzo de un nuevo proyecto para el polideportivo en el marco de la ley de reparación histórica que se aprobó 2012 y que requiere para la construcción que la Legislatura porteña cambie las normas de zonificación que le permita el desarrollo. Si bien esa iniciativa la presentó el Club, será levantada por el legislador porteño Manuel Socías, mano derecha durante la pasada campaña electoral, de Matías Lammens, quien disputó (sin suerte) la jefatura de Gobierno contra Larreta con el sello del Frente de Todos. No es poca la gentileza teniendo en cuenta que el proyecto inicial del club está por perder estado parlamentario. Es decir, vienen quedando dormido desde años y ahora renueva la expectativa en medio de la pandemia. Casi lo mismo señalan desde las organizaciones de las economías populares que aseguran estar demandando un proyecto similar al que presentó Larreta, desde hace cinco años por lo menos. Ahora lo ven plasmado de la mano de la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, ligada a la Iglesia. Todo en medio de la pelea política que mantiene con el Gobierno nacional desde que Alberto Fernández decretó la rebaja de 1.18 puntos de la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, en el monto asignado por el traspaso de parte de la Policía Federal al distrito porteño.
En otro sentido, también se selló la paz en un área judicial. A fin del mes pasado, se presentaron los candidatos para renovar las autoridades del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Tutelar. El primero, es el organismo del Poder Judicial porteño que tiene como función “garantizar tu legítimo e inviolable derecho de defensa, así como asegurarte el acceso gratuito a la justicia”. El segundo tiene como misión “el control de legalidad de los procedimientos, la promoción del acceso a la justicia y el respeto, protección, promoción y satisfacción de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes y personas usuarias de los servicios de salud mental”.
La máximas autoridades allí -Defensor General y Asesoría Tutelar- son designadas por el jefe de Gobierno con el acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura porteña, una mayoría especial que no logra Juntos por el Cambio en el recinto sin la ayuda del Frente de Todos. Ese es el camino que comenzaron a recorrer las candidatas a la Defensoría General y a la Asesoría Tutelar, un procedimiento que requiere de acuerdo político. En este caso, Larreta se inclinó por mantener las sillas como estaban y solo reemplazar a los funcionarios que no pueden seguir en el cargo porque así lo indican las normas.
De esa manera el actual defensor general, Horacio Corti, será reemplazado por su actual adjunta Marcela Millán, con acuerdo del peronismo. Para la Asesoría Tutelar en cambio está nominada Carolina Stanley, ligada a María Eugenia Vidal tal como lo es la actual funcionaria que ocupa ese puesto. Stanley fue ministra de Desarrollo Social del gobierno de Mauricio Macri y ocupó el mismo cargo junto a Larreta en su primer mandato al frente de la Ciudad. Para algunos, como adicional, Vidal conserva un casillero en el distrito mientras define su destino electoral próximo.
Como sea, el proceso para los nombramientos judiciales, si bien ya cumplió la etapa de difusión y aceptación de las candidatas, con abundantes antecedentes, debe también atravesar una audiencia pública y estarían para votarse a fin de año.
Similar espera le será asignada a la iniciativa para fomentar las Economías Populares, objetivo que tendrá una partida presupuestaria anual, un fideicomiso y beneficios tributarios. Es decir, que también está previsto que ese proyecto recale en el recinto legislativo con el tradicional paquete de leyes de fin de año, mientras que San Lorenzo recién podría tratarse en 2021 por los tiempos que requiere ese tipo de normas en la Legislatura. El calendario no afecta por ahora los acuerdos.
