Argentina

Gran morosidad en el pago de los servicios públicos por la pandemia

Más de 12 millones de personas adeudan facturas de luz y gas, y cambian de plan de telecomunicaciones y televisión por cable.

Se calcula en 4 millones los hogares con deudas en servicios públicos –luz, gas, cable y telefonía móvil-, pese a que el gobierno postergó subas de tarifas previstas para este año. La tasa de incobrabilidad es muy alta pese a la vigencia de la tarifa social. Se trata de hogares duramente golpeados por la pandemia, que han dejado de percibir ingresos o los vieron drásticamente reducidos. El gobierno tiene en estudio alternativas que permitan a esas familias regularizar su situación.

Según El Destape web, el peor momento fue abril y mayo, según relatan las empresas del sector. «Ahí la caída en el nivel de cobros se contrajo más de la mitad, debido a que no había lugares habilitados para el pago del servicio ni para el envío de las facturas. En junio, cuando se declaró esencial el envío de las facturas y las mediciones los hogares comenzaron regularizar sus situaciones», explicaron a este medio desde la distribuidora Naturgy, una de las empresas que abastecen en conjunto a 8,6 millones de hogares a través de la red de gas.

Según estimaciones realizadas por Enargas, el total de incobrabilidad del servicio de gas alcanza a más de un millón de hogares. En el caso del servicio eléctrico el índice de incobrabilidad oscila entre 2,8 y 3,5 millones de usuarios con deudas en sus facturas de electricidad. Si se extrapola a una «familia tipo» de cuatro integrantes, estaría afectando a más de 12 millones de personas.

El gobierno extendió hasta el 31 de diciembre los efectos de la resolución 123/20, por la cual quien acredite que sus ingresos cayeron 50% puede pedir que no le corten el suministro por 180 días y acceder a una prestación básica. Por su parte, pueden solicita la Tarifa Social, tanto para gas como electricidad, jubilados o pensionados, titulares de un plan social, quienes reciban un seguro por desempleo, tengan una discapacidad o se encuentren en situación de pobreza.

Por disposición del gobierno nacional, en caso de falta de pago, las empresas de telefonía fija o móvil deberán mantener un servicio reducido. La medida alcanza a beneficiarios de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, a quienes perciban pensiones no contributivas y tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo, vital y móvil.

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